“Me pregunto si las autoridades saben que normalmente los ladrones no llevan encima ninguna documentación para que no se los pueda identificar. Por eso creo que esta idea es un nuevo parche pensado para la tribuna y con el que pretende luchar contra ese delito”, explicó Álvaro Zelarayán, un abogado penalista que cuestionó la iniciativa.
La idea de que se exija un certificado de buena conducta para que los motociclistas puedan obtener la licencia de conducir generó rechazo entre profesionales consultados. “Estamos ante un criterio discriminador e inconstitucional. Hay ciudadanos que pueden tener causas penales, pero no han sido sentenciados y por eso no podrán acceder a la documentación que les permita cumplimentar con el trámite. Estas no son políticas acertadas para evitar o reducir este tipo de delito”, explicó José del Río, quien agregó: “creo que dictar una norma de ese calibre implicaría perjudicar indirectamente al ciudadano que se encuentra atravesando ocasionalmente un conflicto a veces único y menor con la Justicia. Además, hay personas que están denunciadas por amenazas y no por robo. Esto significaría que por delitos menos importantes no podrían conducir una moto”.
Complicaciones
Patricio Char, en tanto, explicó: “se busca el camino más fácil. Esto será una traba para las personas que son procesadas porque tampoco se les otorga ese certificado. Es importante que las autoridades municipales sepan que el principio de inocencia rige en todo los ámbitos y se los debe respetar. Pero hay otro detalle: una persona que cometió un delito, que cumplió su condena y quiere reinsertarse a la sociedad, ¿jamás podrá acceder una moto para ir a trabajar? Esa es una pregunta que deberían hacerse las autoridades del municipio”.
José Molina dijo que se debe ser muy cauto a la hora de opinar sobre el tema. “Por un lado, me parece correcto que el certificado de buena conducta sea exigido. Sin embargo no debemos perder de vista que muchas veces en el sistema informático de la Policía, los datos no se encuentran actualizados. Surgen entonces, denuncias en contra de una persona que nunca tuvieron trámite, o que nunca prestó declaración indagatoria el denunciado y aún, algunas que se encuentran archivadas o sobreseídas”, comentó.
“Como profesionales debemos realizar trámites que pueden demorar varios días para aclarar la situación de nuestros clientes y esto, en algunas ocasiones, los lleva a perder la posibilidad de presentar la documentación en tiempo y forma y por ende, a no conseguir lo que se está buscando”, indicó Molina.